Reproducimos aquí la noticia publicada por ABC sección Natural – Energías TRIBUNA del 17 de junio de 2016
JUAN CASTRO-GIL, secretario de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER)
Con las cosas de respirar no se juega
La Organización Mundial de la Salud reflejaba hace unos días que la contaminación del aire mata a 3,7 millones de personas en el mundo. El prestigioso Instituto de Salud Carlos III asegura que niveles altos de contaminación, como los que hemos estado viviendo en ciudades como Barcelona, Valladolid, Oviedo o Madrid, no solo inciden gravemente en patologías cardiovasculares, dermatológicas o respiratorias, sino que están produciendo impactos severos en situaciones tan diversas como partos prematuros o patologías neuronales.
Al mismo tiempo que todo esto sucede, el planeta reacciona ante un problema que amenaza claramente la forma de vida que conocemos. El sentimiento de necesidad de cambiar nuestro sistema de generación y consumo energético (principal fuente de la contaminación atmosférica y cambio climático) es claramente mayoritario, y ya solo encontramos unos pocos, pero influyentes, especímenes que se ponen de uñas ante la necesidad de dichos cambios.
«El Estado tiene la obligación de no dejarse influír por intereses concretos o de corto plazo»
En España, hemos descubierto en estos últimos años cómo se puede prohibir cualquier nueva instalación de generación renovable, cómo se puede retorcer la ley hasta extenuar plantas fotovoltaicas en manos de ciudadanos desincentivando este tipo de inversiones, cómo se puede poner un impuesto al sol, cómo se puede forzar los órganos de control para perpetuar la energía nuclear, cómo se puede impulsar el fracking en contra de comunidades y ayuntamientos, cómo se puede buscar petróleo en sitios antieconómicos y con impactos gravísimos en el medio ambiente, y así hasta el infinito. Hasta hemos visto últimamente a «nuevos» representantes políticos apoyar las subvenciones al carbón en vez de buscar soluciones verdaderamente sostenibles para todas las personas que viven en las cuencas mineras.
El año pasado, en Holanda, una pequeña asociación llamada Urgenda consiguió remover las entrañas del derecho medioambiental mundial. Apoyándose en informes sobre Cambio Climático de la ONU, acudió a los Tribunales denunciando a su gobierno para exigirle que tomase inmediatamente medidas más ambiciosas de las que se había comprometido como miembro de la Unión Europea. Y los Tribunales les dieron la razón.
El Estado tiene la obligación de ser precavido con las conductas que provocan riesgos tan graves y no dejarse influir fácilmente por intereses concretos o demasiado cortoplacistas. Y si no lo hacen, los Tribunales tienen la obligación de exigírselo, pues difícilmente podremos encontrar una obligación más importante que la de mantener a la gente con vida. Esa partida está a punto de comenzar a jugarse en nuestro país y esperamos que todos los participantes en la misma estén a la altura de las circunstancias, pues con las cosas de respirar no se juega.