Desde una perspectiva atenida al mundo de la organización y de la legislación administrativas, el surgimiento de la preocupación por el medio ambiente tiene lugar en España a comienzos de la década de los años setenta del pasado siglo, es decir, no se produce mucho más tarde que en la generalidad de los países europeos occidentales. Sin embargo, la emergencia y ulterior evolución de la cuestión ambiental tienen lugar en términos específicos que, cuando menos, explican la situación actual, no totalmente satisfactoria desde el punto de vista de las realizaciones y de los criterios de los países europeos más avanzados en la materia.
Dicho esto, en la evolución de la política ambiental en España, tal como se ha plasmado en la legislación y en la organización administrativas, pueden distinguirse tres etapas o fases: la primera fase inicial, en la que se produce la promulgación de las primeras normas estrictamente medioambientales; una segunda etapa de consagración del valor medioambiental como bien jurídico merecedor de protección al más alto nivel y la proclamación del derecho al disfrute del medio ambiente y el deber de conservarlo por el artículo 45 de la Constitución de 1978; y una tercera y última etapa, en la que nos encontramos actualmente y que bien podría conceptuarse como de “equiparación” con el estándar ambiental europeo.